Cómo solicitar la eliminación de registros policiales en Venezuela

¿Cómo eliminar antecedentes policiales o registros penales en Venezuela?

Una persona puede descubrir, muchos años después de una investigación o de un proceso penal, que todavía aparece mencionada en un sistema policial. El registro puede afectar una oportunidad laboral, impedir un trámite o hacer parecer que existe una situación penal pendiente cuando la causa ya terminó. Solicitar su corrección o exclusión no significa necesariamente borrar todo rastro: la finalidad puede ser corregir información falsa, actualizar el estado de una causa o evitar que datos erróneos o desactualizados afecten ilegítimamente los derechos de la persona.

El artículo 28 de la Constitución venezolana reconoce el derecho de toda persona a acceder a los datos que sobre ella consten en registros oficiales o privados, conocer su uso y finalidad, y solicitar ante el tribunal competente su actualización, rectificación o destrucción cuando sean erróneos o afecten ilegítimamente sus derechos. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2022 (G.O. N° 6.684) regula el ejercicio de ese derecho en sus artículos 167, 168 y 169: establece el Hábeas Data como la acción para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad, inclusión, actualización o el uso correcto de los datos cuando resulten inexactos o agraviantes, fija el requisito de la petición previa y determina el tribunal competente.

¿Un registro policial significa que existe una condena?

No necesariamente. La sentencia 1.281/2006 precisó que el CICPC deposita en su sistema computarizado de información algo más que condenas:

"todos los datos referentes a antecedentes policiales, solicitudes de presentación por averiguaciones criminales, requisiciones y toda aquella información que es relevante en las investigaciones llevadas por el mencionado Cuerpo Investigativo." — Sentencia 1.281/2006, Sala Constitucional

Por ello, una persona puede aparecer en ese sistema por una investigación o actuación policial aunque no exista ninguna sentencia condenatoria en su contra. La misma sentencia explica la consecuencia práctica: cuando el particular considera que la información resulta errónea o inexacta,

"éste cuenta con la acción de habeas data para hacer valer, de ser procedente, el derecho que tiene a la constitución de una nueva situación jurídica, que no será más que la corrección o eliminación de los datos que considera falsos o desactualizados." — Sentencia 1.281/2006, Sala Constitucional

¿Una requisitoria u orden de captura puede eliminarse mediante Hábeas Data?

Una requisitoria o una orden judicial de aprehensión vigente no es un simple dato histórico: es una medida vinculada a un proceso. Mientras mantenga efectos jurídicos no puede eliminarse mediante una petición administrativa; primero debe resolverse ante el tribunal que la dictó.

El mecanismo de exclusión por oficio reconocido en 2006

La sentencia 1.281/2006 incorporó íntegramente el oficio N° 9700-003-3011 de la Asesoría Jurídica Nacional del CICPC, que describió tres procedimientos internos de exclusión. El denominado "por oficio" opera así:

"EL Tribunal que conoce de la causa dirige comunicación a la Asesoría Jurídica Nacional en la cual solicita le sea dejado sin efecto el registro policial que presenta la persona, bien sea por el cumplimiento de la pena, por haber sido el imputado absuelto de los hechos que se le imputan; por prescripción, de la acción penal, por el sobreseimiento de la causa etc." — Oficio N° 9700-003-3011 del CICPC, transcrito en sentencia 1.281/2006

Las causales que el propio CICPC listó son, por tanto: cumplimiento de la pena, absolución, prescripción de la acción penal y sobreseimiento. Este mecanismo fue informado al tribunal en 2006 y debe verificarse antes de asumir que continúa vigente en los mismos términos.

¿Qué es, entonces, un antecedente penal?

El antecedente penal debe distinguirse de una denuncia, una investigación o una reseña policial. La sentencia 1.281/2006 dejó constancia de que el CICPC almacena en un mismo sistema datos de distinta naturaleza —antecedentes policiales, solicitudes de presentación por averiguaciones criminales y requisiciones—, por lo que no toda aparición en ese sistema equivale a una condena.

Las tres situaciones posibles

1. Persona denunciada o investigada: existe una actuación de investigación, pero no una condena.
2. Persona con medida procesal vigente: existe una orden o solicitud de presentación que puede estar activa, aunque no se haya dictado sentencia condenatoria.
3. Persona condenada: existe una sentencia condenatoria. Solo en este caso la información puede incorporarse al Registro de Antecedentes Penales.

No es jurídicamente correcto denominar "antecedente penal" a cualquier aparición en el sistema de información policial.

¿Cuándo tiene fundamento solicitar la corrección o exclusión?

El artículo 167 de la LOTSJ, aplicado por la Sala Constitucional en la sentencia 759/2025, habilita la acción cuando el dato resulta "inexacto o agraviante". La sentencia 759/2025 cita además el "derecho de actualización, a fin que se corrija lo que resulta inexacto o se transformó por el transcurso del tiempo" y el "derecho de destrucción de los datos erróneos o que afectan ilegítimamente los derechos de las personas" (caso decisión número 1050, dictada el 23 de agosto de 2000, citado en sentencia 759/2025).

Los supuestos que tienen respaldo directo en los textos de ambas sentencias son:

• El dato es falso o erróneo: la 1.281/2006 menciona reiteradamente los datos "falsos o inexactos" como fundamento de la acción, y la 759/2025 recoge el "derecho a la rectificación del dato falso o incompleto".
• El dato está desactualizado: la 1.281/2006 habla de datos "erróneos o desactualizados" y la 759/2025 reconoce el "derecho de actualización, a fin que se corrija lo que resulta inexacto o se transformó por el transcurso del tiempo".
• Se omite una decisión definitivamente firme —absolución, sobreseimiento o prescripción—: el oficio del CICPC en la 1.281/2006 los enumera como causales expresas del procedimiento de exclusión por oficio.
• No se refleja el cumplimiento de la pena: causal expresa del procedimiento de exclusión por oficio del CICPC, según el mismo oficio transcrito en la 1.281/2006.
• El dato afecta ilegítimamente los derechos: el artículo 28 constitucional —citado en ambas sentencias— exige que el dato sea "erróneo o afecte ilegítimamente" los derechos como condición para solicitar su corrección o destrucción.

Lo que resolvió la sentencia 1.281/2006

Estableció criterios de admisibilidad y procedimiento para el Hábeas Data contra registros del CICPC. Constituyó un cambio de criterio expreso: hasta ese fallo la Sala había admitido acciones sin documento fundamental que acreditara la existencia del registro —como en el fallo N° 2.829 del 7 de diciembre de 2004—. A partir de ella ese documento es exigible:

"que demuestre fehacientemente que existen los supuestos registros que lleva el señalado organismo policial, motivo por el cual, la situación jurídica en que ésta funda su acción, tendiente a que se corrija la información —corrección a la que tiene derecho conforme al artículo 28 de la Constitución— [sin dicha documental] no goza presunción alguna de objetividad, que le permita al juez entrar a conocer de la solicitud interpuesta." — Sentencia 1.281/2006, Sala Constitucional

La misma sentencia resolvió el supuesto de silencio del organismo:

"ante la omisión de pronunciamiento por parte del organismo policial, el afectado podrá interponer su acción de habeas data —tendiente a la eliminación o corrección de datos— toda vez que, al margen de la necesidad de consignación de documento fundamental que se ha señalado, no puede exigírsele al justiciable probar la existencia de unos datos que la propia administración le niega su obtención, ya que ello iría en detrimento de sus derechos constitucionales." — Sentencia 1.281/2006, Sala Constitucional

Lo que resolvió la sentencia 759/2025

No determinó que los antecedentes debían eliminarse por haber transcurrido más de treinta y dos años. Su único objeto fue resolver un conflicto negativo de competencia. La Sala calificó la pretensión:

"al no tratarse el presente caso de infracciones constitucionales provenientes del manejo de información recopilada que puedan invocarse como fundamento para obtener el amparo, sino del ejercicio de una acción para hacer efectivo uno de los derechos que derivan del artículo 28 constitucional, se considera que lo solicitado requiere de un procedimiento indagatorio que encuadra dentro de los supuestos establecidos para la interposición de una acción de Habeas data." — Sentencia 759/2025, Sala Constitucional

Con base en el artículo 169 de la LOTSJ de 2022, determinó el tribunal competente: "El Habeas data se presentará por escrito ante el tribunal de municipio con competencia en lo Contencioso Administrativo y con competencia territorial en el domicilio del solicitante, conjuntamente con los instrumentos fundamentales en los que se sustente su pretensión, a menos que acredite la imposibilidad de su presentación" (Art. 169 LOTSJ 2022, citado en sentencia 759/2025). La Sala ordenó remitir el expediente a ese tribunal para que se pronunciara sobre la admisibilidad; no se pronunció sobre el fondo.

¿Qué debe hacerse en la práctica antes de interponer la acción?

El artículo 167 de la LOTSJ establece un requisito de procedibilidad:

"El Habeas data sólo podrá interponerse en caso de que el administrador de la base de datos se abstenga de responder el previo requerimiento formulado por el agraviado dentro de los veinte días hábiles siguientes al mismo o lo haga en sentido negativo, salvo que medien circunstancias de comprobada urgencia." — Art. 167 LOTSJ 2022, citado en sentencia 759/2025

Pasos previos a la acción judicial

1. Identificar el organismo que administra el registro: el CICPC para datos del SIIPOL, o la Coordinación de Antecedentes Penales del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz para el Registro de Antecedentes Penales.
2. Presentar por escrito la solicitud de actualización, corrección o exclusión ante ese organismo, conservando el acuse de recibo o copia sellada.
3. Esperar veinte días hábiles. Si el organismo no responde o responde negativamente, queda habilitada la vía judicial.
4. Interponer el Hábeas Data ante un Juzgado de Municipio con competencia en lo Contencioso Administrativo del domicilio del solicitante, acompañando los instrumentos fundamentales que acrediten la existencia del registro.

La sentencia 1.281/2006 precisó que esos instrumentos pueden consistir en el dictamen que resulte del procedimiento interno del CICPC —si no satisface al requirente—, en copias certificadas del expediente principal donde conste la existencia del registro, o en cualquier acta del CICPC que refleje la permanencia de los datos cuya corrección se solicita.